La Secretaría de Energía presentó su informe para considerar qué porción del precio de gas natural en boca de pozo tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, una de las principales variables para definir el nuevo valor de las tarifas del servicio.
La presentación fue realizada en una audiencia pública por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y puesta a consideración de los participantes del encuentro virtual, entre los que figuran legisladores, asociaciones de consumidores y particulares interesados.
El propósito del Gobierno, expresado desde mediados del año pasado, es el de aprobar incrementos segmentados acordes al poder adquisitivo de los usuarios y que tengan un impacto en la tarifa del consumidor final inferior a la inflación prevista del 33% para todo 2022, según el proyecto de Presupuesto que no fue aprobado por la oposición en el Congreso.
El informe indica que el porcentaje del costo del gas a cargo del Estado nacional es de 70,9% de ese valor.
Si el Estado asumiera el 100% del costo del gas, la tarifa final bajaría entre el 38% y el 53%, según la compañía distribuidora, la categoría de usuario y el mes.
En caso de hacerse cargo del 44,4% del costo del gas, la tarifa final aumentaría entre el 34% y el 49% y si el Estado resolviera dejar de subsidiar el costo del gas, la tarifa final aumentaría entre el 92% y el 130%.
Entre los reclamos de los participantes se destacó el pedido de información sobre cuál es el costo real de producción de gas, por el que las empresas cobran un promedio de u$s 3,53 por millón de BTU (unidad de medida, equivalente a 28,5 millones de metros cúbicos).
Al respecto, el diputado mendocino José Luis Ramón llamó a "repensar el proceso de privatizaciones de hace 30 años", y la titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), Paula Soldi, caracterizó como "cuatro vivos" a las compañías del sector.
Para fijar los nuevos valores tarifarios, deben considerarse cuatro factores: el precio de gas en boca de pozo o Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el del transporte, el de la distribución y, finalmente, la carga tributaria consistente en impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.
