El 23 de julio del 2021, un día antes de que venciera el plazo para la presentación de las listas de candidatos para las legislativas, Héctor Hugo Bonarrico lo llamó a Tadeo García Zalazar, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). A Bonarrico, el conocido pastor evangélico, se le terminaba el mandato de senador provincial al que había accedido por el partido político Movimiento de Acción Social Federal (MASFe). Como el movimiento había alcanzado un acuerdo con Cambia Mendoza, el pastor estaba detrás de la renovación de su banca. Según el propio evangélico, cuando le preguntó a García Zalazar sobre su futuro, el intendente de Godoy Cruz le respondió negativamente. “Me dijo que, lamentablemente, no había lugar para mí, con lo que me quedé sin la reelección, un lugar por el que representaba a la comunidad evangélica de Mendoza. Y lo entendí como cosas de la política”, dice el pastor.
El oficialista Cambia Mendoza y Bonarrico, líder de más de medio millar de pastores evangélicos que realizan y extienden su trabajo confesional en todo el territorio
de la provincia, siguieron en contacto pese a que el radicalismo, máximo representante de la coalición de gobierno y controlante del mismo, no le había podido garantizar al espacio una banca en la Legislatura. “Ellos no querían que me fuera del frente”, confiesa el pastor.
Por eso, allá por agosto y septiembre del año pasado, antes de las elecciones, se habría abierto un ámbito de análisis entre el Gobierno y MASFe para encontrar una forma y manera de integrar al partido al Gobierno y que el movimiento evangélico continuase siendo parte del oficialismo. Hasta se discutió la posibilidad de abrir una oficina o repartición de culto o área confesional, confesó Bonarrico, pero rápidamente se dejó de lado porque avanzar detrás de ese objetivo supondría muchas complicaciones y, aunque no las enumeró ni tampoco las develó, se supone que tenían que ver con la obligación de encontrar argumentos convincentes que justificaran la creación de un organismo de cero que hoy no existe. Con lo que las partes acordaron seguir trabajando más adelante para dar con el mecanismo que le permitiría a todo el movimiento de evangélicos de la provincia quedar engarzado o comprometido con el Gobierno y sus principios, con absoluta firmeza y garantía.
Según Bonarrico, todo desembocó, tras semanas de negociaciones, en un acuerdo de colaboración al que se arribó cuando todos estuvieron de acuerdo para que la Fundación Acción Social que preside Bonarrico desplegara un trabajo de campo de contención hacia ámbitos en los que el Gobierno no llega o lo hace deficientemente. La fundación se encargaba de dictar cursos de informática, a favorecer a la terminalidad de estudios primarios, secundarios y universitarios, a promover el programa Mendoza Activa, a estar cerca de los templos para asesorarlos convenientemente para adquirir sus habilitaciones, a acercar a las ONG cristianas a los diferentes programas de financiamiento que tiene en marcha el Gobierno, a tramitar subsidios y ayudas a los mismos templos y a abrir sucursales de la fundación en todos los departamentos para estar cerca de los pastores que necesitasen de su ayuda. Por todo ello, el Estado se comprometería a liberar 9 millones de pesos de la Tesorería, liquidados trimestralmente a la fundación en cuotas de 2.250.000.
El convenio se firmó por dos años. Para el segundo año de vigencia, el monto a liberar por parte del Estado no debía ser inferior a los 9 millones del primer año. Por la fundación firmó Bonarrico y su tesorero, Eduardo Erario; por el Gobierno lo hicieron los ministros de Gobierno, Víctor Ibañez, el de Seguridad, Raúl Levrino, y el vicegobernador Mario Abed.
“Yo no miento. Si así lo hiciera, que todas las maldiciones caigan sobre mí”, dijo este jueves Bonarrico, enfático y vehemente, como si estuviese en un acto frente a sus fieles.
Cuando el caso salió a la luz, y luego de que Bonarrico explicara por radio que todo respondía a un acuerdo político, el gobernador Rodolfo Suarez derogó el decreto publicado, el 684, que había firmado Abed el 9 de mayo, desconoció cualquier acuerdo y negó estar al tanto del mismo.
“Nunca hubo un pacto político con Bonarrico”, tronó y en la misma línea deslizó que Abed, el vice, quien firmó el decreto porque él no se encontraba en la provincia, tampoco estaría al tanto de pacto alguno. Según el argumento que ha dado Suarez, el subsidio que se le había habilitado a la fundación de Bonarrico, sin liquidar aún en apariencia, sería uno más de “los miles” que se tramitan “como el que se les da a los bomberos o cualquier otra institución que lo solicite y lo necesite”.
Al repasar el decreto, en ninguna parte aparece que el subsidio obedezca a un acuerdo político. Lo extraño es que el gobernador haya decidido derogarlo sin más tras el escándalo que provocó la explicación radial de Bonarrico, si el objeto era llegar con asistencia a los templos evangélicos. El pastor tampoco dice que haya existido pacto alguno, aunque da por hecho que todo se suscitó como una consecuencia de que no había lugar para él en las listas. Y es el propio Bonarrico el que sostiene que Suarez estaba al tanto de lo que se iba negociando porque por él, o en representación de él, estuvo siempre el ministro Ibañez y un asesor del Ejecutivo.
Bonarrico también dice que uno de los factores que siempre estuvieron sobre la mesa al negociarse la asistencia fue el hecho de que los evangélicos están por fuera de esa asistencia institucional que el Estado le proporciona al catolicismo. “Ellos tienen esa bendición”, dice, con algo de ironía, el pastor sobre sus colegas católicos. Y, tras cartón, sostiene que la cuenta estimada es que un 20 por ciento o más de los mendocinos adhiere religiosamente a su iglesia. Tan seguro está de eso que, desafía, si el censo realizado recientemente hubiese preguntado por la religión, su afirmación estaría avalada y garantizada.
Al no respaldar un convenio aprobado por decreto y publicado en el Boletín Oficial y disponer su inmediata derogación tras el escándalo que generaron las explicaciones de Bonarrico, el gobernador abonó de inmediato todas las sospechas alrededor de un supuesto accionar a sus espaldas que comprometería la transparencia de su gobierno. El vicegobernador, Mario Abed, firmante de la pieza, ha decidido guardar un prudente silencio porque, de hablar, debería contradecir al gobernador. Y si sabían, como se supone, y al conocerse las críticas opositoras sobre el pacto, por qué se decidió su inmediata eliminación y suspensión. ¿O acaso es cierto, como suponen los críticos, que había gato encerrado?
Es evidente que se reculó por la connotación dada al convenio, de que en verdad se hizo para pagar los favores del pastor y de su iglesia y para que toda su acción evangelizadora no se volviera en contra como posible represalia al no ser parte el pastor de las listas. Pero, de ahora en más, ¿qué? ¿Acaso no se arriesga el gobernador a lo mismo que antes quiso evitar? En el Ejecutivo dicen que, de igual forma, buscarán la manera de llegar a esos fieles con asistencia, porque no dudan que la necesitan, aunque por fuera del predominio del poderoso e influyente pastor.
