Una jueza de Familia de Mendoza ha sido denunciada por una serie de irregularidades en sus funciones muy preocupantes y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia pidió que le realicen juicio político.
Se trata de María Lizán, a cargo del Juzgado de Familia 12 de Las Heras. La magistrada ha sido denunciada por la Secretaría Legal y Técnica del máximo a tribunal y su presidente, Dalmiro Garay, solicitó que se reúne el Jury (integrado por los 7 jueces de la Corte, 7 senadores y 7 diputados provinciales) para evaluar su conducta.
Las irreguaridades sobre Lizán son abundantes, según el pedido de Garay. Desde malos tratos a empleados y funcionarios judiciales; faltas a audiencias; entrega de la firma digital (token) a otros empleados para que firmen por ella resoluciones y en otras ocasiones firmar sin conocimiento de la causa; habría estado mirando carteras para comprar durante una audiencia; y el caso de un bebé en adopción que dio una mujer internada por adicciones en un neuropsiquiátrico, a quien interregó sin la representación legal y la Asesoría de Menores que establece la ley.
Sobre esta última situación, para el presidente de la Corte de Mendoza se hace vidente el "mal desempeño en el ejercicio de función de Jueza, en sus actuaciones respecto al caso de un recién nacido en situación de adoptabilidad. Existe un desconocimiento del derecho".
