El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza avanzaron este viernes con la capitalización de la empresa IMPSA, mediante un aporte de total de u$s20 millones -u$s15 y u$s5 millones, respectivamente- que permitirá que la compañía recomponga su capital de trabajo.
El Estado nacional inyectará pasará a tener una participación accionaria del 63,7%, mientras que el Estado provincial se quedará con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.
El anuncio de la capitalización se realizó esta tarde de manera virtual, y estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez; el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el CEO de IMPSA, Juan Carlos Fernández.
“IMPSA es una empresa estratégica para el desarrollo nacional. Debemos trabajar para que con profesionalismo podamos volver a colocarla en los principales mercados del mundo. Industria es investigación, desarrollo, tecnología y trabajo. Industria es un desarrollo nacional posible con justicia social. Industria es IMPSA. Hoy es un día feliz para este ministerio, el país recupera las capacidades productivas de IMPSA y comienza una etapa que esperemos nos permita ofrecerle al mundo trabajo argentino con alto valor agregado”, sostuvo Kulfas.
Suárez, por su parte, destacó lo que representa IMPSA en materia de trabajo “para tantas empresas que giran en su entorno generando empleo indirecto y la importancia que tiene para el país estratégicamente”. Además, aseguró que la firma no sólo será “muy buena” para la compañía sino también para “la Argentina” y puso en valor el trabajo conjunto del Gobierno provincial y nacional “para poner en valor IMPSA en estos tiempos tan difíciles, de tanta grieta”.
Un período de diez meses que empezó con un pedido de ayuda, siguió con una reestructuración de deuda agresiva y continuó con una ampliación de acciones traerá como resultado esta tarde la estatización parcial de la empresa mendocina IMPSA.
La compañía, que fabrica turbinas para represas y parques eólicos, pasará a manos del 63% de las acciones del Estado Nacional y, en una porción menor pero relevante, un 21% a la provincia de Mendoza. De esta manera, se cambiará el manejo empresarial y se le dará una perspectiva de negocios relevante, antes vedada por la crisis financiera.
La historia tiene perspectivas económicas, políticas, sociales y estratégicas y es calificada por los que negociaron como la primera estatización de mercado de los últimos tiempos. IMPSA nunca pudo recuperarse del fallido proceso de internacionalización que encaró poco después de 2010, con pasos en falso en Brasil y Venezuela. El ingreso de acreedores al directorio y distintas renegociaciones de deuda llevaron a los accionistas a ponerle el cartel de venta.
En 2020 la empresa le envió una carta al Gobierno Nacional para solicitar asistencia financiera, ante la imposibilidad de reestructurar su deuda y no poder jugar en licitaciones internacionales por no tener avales. Frente a ello, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, comenzó a trabajar con dos equipos técnicos.
“Es una empresa estratégica”, fue la frase que usó Kulfas, a la hora de darle puntapié inicial a un informe sobre la potencialidad sin riesgo de un rescate a la compañía, la fuente de trabajo y las inversiones. Es que no hay muchas empresas que produzcan ese tipo de equipamientos, centrados sobre todo en generación de energía. De hecho, se calcula que no hay más de cinco firmas parecidas en todo el mundo.
En agosto del año pasado, todavía "estaba muy caliente el paso en falso del Estado en Vicentin", que el presidente Alberto Fernández había anunciado en junio. Con IMPSA, el proceso fue muy distinto. Kulfas observa a la empresa como una oportunidad, no solo por los 700 empleados sino también por la capacidad para exportar, ya que en el mundo se cuentan cinco empresas capaces de fabricar turbinas.
El Gobierno le pagó salarios con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y luego obligó a la empresa a encarar una reestructuración agresiva de su deuda para ingresar al Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (PAEERP). "Los acreedores tuvieron que poner, era quiebra o reestructuración", dijo una fuente que participó del proceso.
En ese momento, la compañía debía saldar desde este año U$S500 millones de capital más otros U$S50 millones anuales de intereses. Sin quita de capital, los pagos se corrieron hasta 2028 y la tasa de interés bajó a 1,5%. De allí surge la posibilidad de que el Estado ingrese a la empresa vía una ampliación del capital.
Luego, el Gobierno y la empresa empezaron a trabajar en la capitalización. Desarrollo Productivo armó un esquema de ingreso vía ampliación de acciones, que la asamblea de accionistas votó. En enero se le presentó la propuesta al gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, con la idea de involucrar a la provincia en la que está radicada IMPSA. Mendoza votó una ley hace un mes para capitalizar con 5 millones de dólares a la compañía, con el respaldo de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Con esto en pie y con el el aval de la asamblea de accionistas, el Estado se prepara para capitalizar IMPSA.
