Desde el 2020, la Justicia Federal investiga a la ONG Remar que tiene sedes en casi todo el país. Si bien sospechan que existían malos tratos y explotación laboral, en Mendoza contaba con todas las habilitaciones necesarias para su funcionamiento y la situación denunciada nunca llamó la atención de las autoridades.
Remar es una Organización cristiano- evangélica que asegura ayudar a jóvenes víctimas de adicciones desde hace más de 30 años. Como parte del tratamiento, explican, deben realizar diversos trabajos que dependen de las virtudes que cada uno posea.
"Si hay chicos que saben de albañilería, les pedimos que nos ayuden con la construcción de alguna obra, otros no quieren estar encerrados entonces les pedimos que salgan a vender condimentos puerta a puerta", explicó el director de Mendoza de la ONG y pretesorero a nivel nacional, Ariel Lazare.
Pero la situación no sería tan simple, y desde el 2020 la Justicia sospecha que podrían estar enmascarando algunos delitos como la trata de personas. La causa comenzó en San Luis tras la denuncia de uno de los afectados, y permanece bajo secreto de sumario. En las últimas horas salió a la luz cuando Gendarmería realizó allanamientos en siete provincias, entre ellas en Mendoza, y más de 400 personas fueron rescatadas.
Por el momento el expediente está caratulado como Averiguación de Delito, y en Mendoza le impusieron una orden de restricción a Lazare, con impedimento para que salga del país, se acerque a las sedes investigadas o tome contacto con las supuestas víctimas. Asimismo, le secuestraron el celular.
Esto debido a que sospechan que gracias al trabajo de las personas a las que decían ayudar recaudaban dinero, el cual enviarían al exterior. Tal es así que en una de las sedes secuestraron 1.919.520 pesos argentinos y 9.140 dólares estadounidense.
En este sentido, la causa contaría con el relato de algunos damnificados que aseguran que debían trabajar hasta quedar exhaustos para poder recibir un plato de comida.
Lazare asegura que el dinero es para alquilar los lugares donde asisten a los adictos y rehabilitarlos y que nunca hubo trata ya que los jóvenes tienen un sistema abierto, en el cual pueden entrar y salir cuando lo deseen.
En tanto, desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social confirmaron que Remar tiene todas las habilitaciones necesarias para su funcionamiento y todo "estaba en regla", al menos hasta en las últimas horas.
A pesar de esto, tras el allanamiento desde la cartera debieron asistir a nueve mayores de edad, a quienes se les brindó apoyo y traslado a sus lugares de origen, ya que muchos son de otras provincias.
"La Justicia solo nos pidió intervención sobre los posibles damnificados", indicaron desde el ministerio, que nada sospechaba sobre posibles delitos que estarían cometiendo en el lugar.
