El cura Fernando Miguel "El Padre" Yáñez podría ser imputado de homicidio simple con dolo eventual por las 15 muertes ocurridas durante junio en el geriátrico de Monte Comán, que el sacerdote regentea a través de una fundación de la que es titular. El caso sorprendió la semana pasada, cuando lo dimos a conocer a través de este diario (ver aquí, y aquí) y desde entonces, la investigación penal ha dado pasos significativos luego de allanamientos en el hogar y en el domicilio del cura, y de la declaración de funcionarios de Salud. Si la acusación que estaría preparando la fiscalía avanza hacia un juicio oral, Yáñez enfrentaría la posibilidad de ir a prisión de 8 a 25 años. Incluso más.
Como se sabe, en el hogar de adultos mayores de Monte Comán, en San Rafael, 15 ancianos murieron durante junio, trece de ellos por un brote de coronavirus. Ninguno de ellos había recibido la vacuna contra el covid-19, ni siquiera una primera dosis, y el sacerdote Yáñez demoró casi cinco meses en conseguir autorizaciones ya sea de los pacientes, o de sus familiares, para poder avanzar con la inmunización. Esta demora, que en la justicia creerían injustificada, más la decisión de no internar a ninguno de los ancianos cuando estaban graves, y una presunta falta de atención médica, son los tres ejes de la investigación en la que avanza el titular de la Segunda Fiscalía Javier Giaroli.
Una de las principales líneas de investigación es si en el hogar del sacerdote había una postura "antivacunas". Las casualidades ocurren, pero son raras. El sábado informamos que el sacerdote no estaba vacunado. Ayer, fuentes del caso aseguraron al Post que tampoco estarían vacunados el personal del geriátrico, ni los médicos que habrían atendido a los ancianos. De hecho, el director técnico del hospicio, un médico de apellido Santamarina, estuvo internado por coronavirus. También su esposa. Por eso, los residentes del hogar fueron "atendidos" por otra profesional. Las comillas tienen una explicación: la médica que se hizo cargo de los pacientes durante las semanas críticas en que ocurrieron los decesos, no habría estado en el hogar en sí. "La doctora está embarazada y por eso no iba. Las comunicaciones para saber el estado de los pacientes eran telefónicas" contó un informante. Este dato, de ser certero, fue prolijamente omitido por el cura Yañez en una entrevista que le hicimos el viernes, en la que sus respuestas, por incoherentes e insólitas hacían "agua" por todos lados. Incluso afirmó que "los médicos" le habrían transmitido que los ancianos pudieron haber muerto por la aplicación de la vacuna de la gripe. Esta inoculación -que no es voluntaria- atrasó más el proceso de vacunación en el hogar, por el que las autoridades de Salud en el sur venían pidiendo. Y al final ocurrió lo que estaba determinado: estalló un brote el 1 de junio, y murió más de la mitad de la población del geriátrico.
Como se sabe, Yáñez argumentó que los ancianos no fueron inoculados ni internados porque no había autorización firmada de los pacientes o de sus familiares. Al no ser obligatoria, las personas deben dar su consentimiento a la inoculación contra el covid. Y como algunos de los pacientes tienen problemas cognitivos, males muy avanzados, o no están conscientes, se pide autorización a los familiares. Según parece, y en contrario a lo que afirmó Yáñez, el sacerdote propietario del hogar no habría conseguido ni una sola autorización en meses. Ni para vacunar, ni mucho menos para internar a los ancianos cuando explotó el brote y hubo que suspender la vacunación. ¿Se tramitaron realmente? En la fiscalía hay dudas. Sobre todo porque tendrían a mano el testimonio de una mujer que pasó por el geriátrico. A ella nadie le pidió autorización para inmunizarla. Tampoco a sus familiares.
La figura que el fiscal estudiaría aplicar al cura es la de homicidio simple con dolo eventual. Es cuando una persona no tiene la intención de matar, pero su actitud y acciones "despreocupadas" conducen a la muerte. En este caso, de muchas personas. Es una acusación muy compleja de probar. El fiscal deberá demostrar en el curso de la investigación, que aunque no tenía intención de matar, el cura sabría que sus acciones podrían eventualmente conducir a la muerte de los ancianos. Es una figura que se aplica, por ejemplo, en las tragedias viales, o cuando alguien juega con un arma de fuego y mata "por accidente". En ese caso, las penas se agravan un tercio.
