or esta iniciativa, que fuera impulsada por Marcelo Rubio (UCR), se crea además el “Registro Único de Empresas de Compactación”, estableciendo una serie de requisitos algunos de los cuales exigidos por la Ley de Administración Financiera, así como también el “Registro Único de Vehículos Secuestrados” que se encuentren bajo la custodia y guarda de la Autoridad Pública por causas judiciales o contravenciones, del ámbito federal, provincial y municipal.
La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Seguridad y prevé de igual modo, la creación de un Fondo de Reserva compuesto por el 5% del total del producido de la venta de chatarra resultante de la compactación de estos vehículos, para solventar gastos por reclamos administrativos y/o judiciales que pudieran surgir de la aplicación de esta normativa.
Una vez obtenida la baja de los vehículos a compactar, se notificará a la Administración Tributaria Mendoza– ATM, con el fin de que no sigan generando deuda tributaria con la provincia.
“Es de conocimiento público que los depósitos de vehículos secuestrados se han transformado en verdaderos desarmadores a cielo abierto, siendo objeto de constantes hechos de vandalismo, robo, incendios”, señala el autor del proyecto en la fundamentación.
Agrega al respecto, que “advirtiendo la necesidad en agilizar y reglamentar la disposición final de los vehículos depositados, y que se han ido acumulando a través de los años, en los predios que posee el Estado, a nivel provincial y municipal, esta iniciativa pretende ofrecer una solución concreta para la disposición final de estos vehículos”.
Aclara en ese sentido que se trata de vehículos tanto secuestrados por infracciones de tránsito como aquellos que se encuentren abandonados en la vía pública, subrayando que a la vez, “se generan recursos genuinos derivados de la disposición final de los vehículos, que permiten subsanar los gastos generados por la estancia de los vehículos en los predios”.
“El espíritu de esta ley es optimizar y mejorar los recursos a través de herramientas que permitan ordenar lo que está sucediendo en los distintos predios de secuestros, con criterios unificados”, acota el senador.
Por esta iniciativa, se crea además el “Registro Único de Empresas de Compactación”, estableciendo una serie de requisitos algunos de los cuales exigidos por la Ley de Administración Financiera, así como también el “Registro Único de Vehículos Secuestrados” que se encuentren bajo la custodia y guarda de la Autoridad Pública por causas judiciales o contravenciones, del ámbito federal, provincial y municipal.
La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Seguridad y prevé de igual modo, la creación de un Fondo de Reserva compuesto por el 5% del total del producido de la venta de chatarra resultante de la compactación de estos vehículos, para solventar gastos por reclamos administrativos y/o judiciales que pudieran surgir de la aplicación de esta normativa.
Una vez obtenida la baja de los vehículos a compactar, se notificará a la Administración Tributaria Mendoza- ATM, con el fin de que no sigan generando deuda tributaria con la provincia.
“Es de conocimiento público que los depósitos de vehículos secuestrados se han transformado en verdaderos desarmadores a cielo abierto, siendo objeto de constantes hechos de vandalismo, robo, incendios”, señala el autor del proyecto en la fundamentación.
Agrega al respecto, que “advirtiendo la necesidad en agilizar y reglamentar la disposición final de los vehículos depositados, y que se han ido acumulando a través de los años, en los predios que posee el Estado, a nivel provincial y municipal, esta iniciativa pretende ofrecer una solución concreta para la disposición final de estos vehículos”.
Aclara en ese sentido que se trata de vehículos tanto secuestrados por infracciones de tránsito como aquellos que se encuentren abandonados en la vía pública, subrayando que a la vez, “se generan recursos genuinos derivados de la disposición final de los vehículos, que permiten subsanar los gastos generados por la estancia de los vehículos en los predios”.
