La historia arranca con la crisis del 2001 y el trastorno de la dolarización en la vida criolla, que desde entonces y por veinte años, tiene en el límite del abismo absurdo que por una torcida deuda hipotecaria millones de familias en el país y miles en la provincia de Mendoza, puedan perder ese único bien de vida que pueden legar de generación en generación, la casa.
Al respecto año a año, en todo ese tiempo, el Poder Legislativo local dictó normas jurídicas que los distintos gobiernos fueron promulgando para que se detenga toda medida que impliquen ejecuciones. Medidas precarias y solo preventivas que detienen esa acción que, muchos temen, que en algún momento se producirá. Salvo que el Poder Ejecutivo de la Nación asuma políticas de Estado que dictaminen el cierre definitivo de acciones que desemboquen en quitarle la casa a una familia. Un gesto, que hasta ahora y en esos años, no han tenido las administraciones que pasaron por la Casa Rosada, incluida la actual.
De allí, que el proyecto legislativo que el Senado provincial aprobó en las últimas horas determina que: “Quienes suscribieron hipotecas con objeto de vivienda única familiar, se vieron imposibilitados de hacer frente a las obligaciones asumidas y por ello se genera un conflicto que promueve la preocupación legislativa, motivo por el cual se promulgaron numerosas normas para la protección de derechos. Al respecto, fueron sancionadas las leyes 8005 y 8182, que establecieron métodos de acción y prioridad para la salvaguarda de aquellos deudores hipotecarios que, superados por razones económicas y el devenir de los juicios tuvieron la oportunidad de ser alcanzados con la protección debida”, destaca el texto de ley.
Por eso en el año 2018, se promulgó la ley 9140, “que tiene por finalidad prorrogar las disposiciones de la ley 8182, y de esta manera se continúe con la prohibición de ejecutar los créditos hipotecarios de la crisis del 2001”, detalla la normativa.
La iniciativa, que tuvo el respaldo absoluto de los 35 senadores presentes, agregó los créditos UVA, con el siguiente argumento: “Suspender hasta el 31 de diciembre de 2023, todo trámite de ejecución de sentencia hipotecaria tramitado en los Tribunales ordinarios de la Provincia que tengan por objeto el cobro de deudas hipotecarias UVA, aún con sentencia firme, que recaigan sobre vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Al igual que en el caso anterior, estos deudores, no están obligados a la realización de ningún trámite administrativo ante los poderes Ejecutivo o Judicial”, cita la ley.
