Juntos por el Cambio exigirá al Ejecutivo un “certificado de autenticidad” del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la garantía de que el kirchnerismo votará a favor en el Congreso Nacional, para acompañar el Facilidades Extendidas.
Aunque muestren en público las diferencias inocultables que existen (más en términos económicos) los radicales y el PRO, la posición del principal grupo opositor es firme ante el potencial apoyo al acuerdo que se discute con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. Elaborada a partir de la colaboración de los economistas que asesoran a Cambiemos (varios exministros y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri), se le exigirán al Gobierno estas dos condiciones para acompañar como “clase política” el acuerdo.
La posición de Juntos por el Cambio es, en cierto sentido, clara y directa. Y fue expuesta sin mayores vueltas por el jujeño Gerardo Morales en la conversación que mantuvo con el Presidente el martes por la tarde, cuando se resolvió desde el bando de los tres gobernadores radicales (Rodolfo Suárez, por Mendoza, y Gustavo Valdez, de Corrientes) no vaciar la convocatoria a la presentación (serán dos) de la oferta argentina al FMI. El radicalismo (y el PRO), en general, quieren apoyar el Facilidades Extendidas.
Pero antes reclaman el anuncio de un acuerdo final; o al menos la presentación de una Carta de Intención con el FMI que lleve la firma de los técnicos responsables del Fondo. No quieren mostrarse como avales de una oferta confeccionada en el Palacio de Hacienda y refrendada por el Ejecutivo, sin que antes tenga el “certificado de autenticidad” desde Washington. No quieren que se los tome como participantes de una foto de apoyo político para luego presionar ante el FMI, ante un acuerdo que, considera, algo estancado y que no avanza por la posición irreductible del gobierno de no aceptar las condiciones desde Washington.
El segundo motivo es político. Dicen en el principal frente opositor, que, hasta hoy no existe una sola declaración pública o privada desde el principal accionista de la coalición gobernantes; que abierta y de manera irrestricta anticipe la firma a la Carta de Intención y garantice el voto positivo en el Congreso Nacional cuando el Facilidades Extendidas deba ser tratado y aprobado.
Máximo Kirchner declaró antes de terminar el 2021 que debía aguardarse a conocer la letra fina del acuerdo negociado para después hablar de un apoyo o rechazo. Y que, mientras tanto, sólo debía dejarse trabajar a Guzmán; pero marcándole explícitamente los límites de acción para el ministro de Economía.
Desde Juntos por el Cambio sospechan que las trabas para tener definido el Facilidades Extendidas con el FMI en tiempo y forma antes que haya terminado 2021 (y, específicamente, antes de haber pagado los u$s1.830 millones del último vencimiento del ejercicio pasado), se deben a la falta de acuerdo dentro de la coalición gobernante; ante la negativa del kirchnerismo de apoyar las exigencias del staff técnico del FMI, en variables clave como el déficit fiscal, la política monetaria, la necesidad de robustecer reservas, las propuestas para reducir la inflación y las promesas sobre el futuro crecimiento del país.
Los economistas que asesoran a todos los sectores del principal frente opositor coinciden en reafirmar la sospecha que el Gobierno Nacional aún está lejos de cerrar el acuerdo con el FMI, y que las diferencias son hoy lo suficientemente amplias como para dar por cerradas las negociaciones. Y que, además, no hay acuerdo dentro de la propia coalición gobernante para asegurarse los votos propios en el Congreso. Y que por estos motivos Alberto Fernández y Guzmán buscan una foto política que incluya a la oposición para una doble presión. Por un lado para buscar torcer el rumbo de los técnicos del FMI para que “aflojen” sus exigencias en términos macro. Por el otro, para que desde el kirchnerismo se perciba la sensación de cierto aislamiento ante una especia de acuerdo entre el Gobierno Nacional y los representantes de las provincias; muchos de los cuales están en condiciones de ordenar a sus legisladores cercanos que voten de manera positiva en el Congreso.
