Desde 2012, los mendocinos que estuvieron detenidos durante la última dictadura por motivos políticos cobran una pensión por parte del Estado mendocino, luego de la sanción de la Ley 8.395 en la gestión de Francisco Pérez. Ahora, un diputado del PRO, Gustavo Cairo, pidió revisar esta lista por posibles incompatibilidades.
Así lo planteó Cairo en un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo "el listado con nombres y DNI de beneficiarios de pensiones otorgadas según la Ley 8.395, reglamentada por el decreto 514/12, y un resumen de las razones por las que se otorgó este beneficio a cada persona: días, fecha y lugar de detención".
En primer lugar, el diputado quiere que se revise nuevamente si corresponde la pensión como detenido político, pero además busca verificar si esa persona cobra otro resarcimiento por parte del Estado nacional. En este punto, las distintas leyes que fueron sancionándose aclaraban que nadie podía cobrar más de una pensión.
Cairo aclaró que en caso de detectarse una incompatibilidad -que una persona cobre dos pensiones como preso político- debería mantenerse la nacional, lo que "generaría un ahorro a las arcas del Estado provincial".
Con respecto a la Ley de Paco Pérez, esta fue sancionada en 2012. Estableció que para acceder a la pensión no se tomaría en cuenta el mayor o menor tiempo de detención y en caso de fallecimiento de beneficiario sería trasladable a sus cónyuges, convivientes, hijos menores o con discapacidad.
