El Gobierno volvió a reunirse este viernes con los anestesistas para resolver el conflicto que mantienen desde hace meses. El encuentro fue nuevamente en el quinto piso de Casa de Gobierno y la mesa reeditó la misma composición que en el primer encuentro.
La ministra de Salud, Ana María Nadal, y el jefe de gabinete de su área, Roberto Campos, fueron los representantes del Ejecutivo, que aún no consigue repatriar a los 68 profesionales que renunciaron.
Distintas fuentes confirmaron a Diario UNO que se acordó no dar declaraciones en esta ocasión. Si bien el avance fue más profundo que en los careos previos, se llegó otra vez a un punto estanco de lo salarial. El Ejecutivo por ahora no quiere comprometerse a un aumento de sueldo sólo para este sector en lucha, e insiste en que únicamente habrá subas si son para todo el arco de trabajadores sanitarios; algo que tampoco se ve factible en el horizonte cercano.
El encuentro tuvo características distintas al del 20 de mayo. Es que en los últimos días, ambas partes lanzaron versiones que se cruzaron entre sí. Según la voz estatal, había médicos que estaban a punto de retomar sus puestos y que hasta lo habían anunciado; pero luego desistieron -presuntamente por presión de sus colegas- de encarar ese retorno. En la otra vereda, no solo desmintieron esas afirmaciones, sino que se dijo que la cartera estaba faltando a la verdad.
los próximos anfitriones
Sí se profundizaron otros ejes. Si la el anterior fue un round de estudio, éste fue uno formal. La convocatoria terminó durando casi tres horas y media y trazó varias perspectivas sobre la mesa: desde cómo podrían darse las primeras reincorporaciones hasta las alternativas que se encararían en términos de formación (uno de los artículos más resistidos al conocerse la ley).
En medio de todas esas negociaciones, avanza la medida judicial que interpuso la asociación para declarar inconstitucional la Ley de Emergencia en Anestesiología.
El problema tiene una tercera pata: son los estudiantes de anestesiología que buscan especializarse a través de la Ley de Residencia. El área de Salud examinó a 25 aspirantes a mediados del año pasado y se aceptó a seis, que se distribuyeron entre los hospitales Lagomaggiore y Central. El problema es que la AMA había anunciado que no garantizaba su formación
