La Suprema Corte de Justicia de Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza firmaron un convenio en el cual establecieron que aquellas personas condenadas a realizar trabajos comunitarios puedan hacerlo en el ámbito de ese municipio, informaron fuentes judiciales.
El convenio firmado por el presidente del máximo tribunal de justicia mendocina, Dalmiro Garay Cueli y el Intendente Ulpiano Suarez, alcanza a las personas con residencia en la ciudad y que se encuentren imputadas en el marco de un proceso penal y será condición para la aplicación de suspensiones de juicio a prueba y condenas de ejecución penal, se informó.
Se trata de tareas que no son remuneradas, ni representan puestos de trabajo, como tampoco implican obligaciones laborales, explicaron.
“El fin restitutivo de la pena es que se devuelva a la sociedad el daño que se ocasionó mediante el trabajo comunitario. Hablamos de entre 300 o 400 personas que el año pasado tuvieron este tipo de condena y tienen domicilio en la capital”, explicó Garay Cueli.
El magistrado además invitó al resto de los municipios de la provincia a suscribir el convenio.
Se trata de delitos que no contemplan penas de prisión efectiva y de los cuales quedan excluidos del acuerdo los de violencia de género, de índole sexual o uso de algún tipo de arma.
En tanto, el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, destacó la articulación entre gobierno local y la justicia para hacer efectivas las tareas comunitarias en la Ciudad.
Según se informó, el marco legal es el artículo 27 del Código Penal, que en su inciso 8 dispone la posibilidad de fijarse como regla de conducta para casos de condena condicional, la realización de “trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo”.
