La Justicia Federal de Mendoza condenó, en San Rafael, a cinco represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en el departamento sureño.
Norberto Mercado, Oscar Raúl Pérez y Mario Guillermo Ocampo recibieron la pena de prisión perpetua; Luis Eduardo Di Filippo, de 12 de prisión, y Luis Ricardo Rizo Avellaneda, de 8 años. Aníbal Guevara fue absuelto porque no encontraron pruebas que lo vincularan en la causa que se le atribuía.
El juicio comenzó el 21 de abril del 2021 y se escucharon testimonios y alegatos relativos a los hechos que tuvieron como víctimas a 25 personas.
Los seis exmilitares y expolicías fueron responsabilizados por distintos delitos como homicidios —en el caso de las personas desaparecidas—, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos.
El debate abarcó los operativos masivos de detención llevados adelante por militares y policías entre febrero y marzo de 1976 en los barrios populares de San Rafael, donde fueron secuestradas muchas de las víctimas que pertenecían a la Juventud Peronista.
Incluyen además las desapariciones forzadas de Félix Ordenes Velázquez y Hugo Dardo Montenegro, que no habían sido investigadas con anterioridad.
El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza estaba compuesto por el juez Alejandro Waldo Piña, Gretel Diamante y María Carolina Pereira.
En el fallo, el tribunal rechazó los pedidos de nulidad que habían planteado las defensas y, como de costumbre, declaró que todos los delitos juzgados en este proceso son de lesa humanidad, se cometieron en el contexto del delito internacional del genocidio y son, por lo tanto, imprescriptibles.
La audiencia final se realizó en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FACAI), de la UNCUYO.
Estuvieron presentes el fiscal general, Dante Vega; el fiscal ad hoc que sostuvo la acusación todas las audiencias, Pablo Garciarena; el defensor oficial, Ramiro Dillon, y el defensor particular Ariel Civit.
La sala estuvo colmada por el público presente, entre quienes había sobrevivientes, familiares de víctimas e integrantes de organismos de derechos humanos.
Para la época de los hechos, Norberto Ernesto Mercado tenía el cargo de oficial principal; era subjefe de la división de Cuerpos y jefe del Cuerpo Motorizado de Vigilancia de la Policía de Mendoza.
Oscar Raúl Pérez Fernández se desempeñaba como jefe del Departamento de Informaciones 2 (D2) de la Delegación San Rafael de la Policía de Mendoza. Luis Eduardo Di Filippo integraba la misma dependencia.
Mario Guillermo Ocampo estuvo prófugo de la justicia entre 2012 y 2019. Para el momento de los hechos era teniente primero y estaba destinado a Campo Los Andes, del Ejército Argentino. Luis Ricardo Rizo Avellaneda fue el jefe de la Sección de Inteligencia 144, perteneciente al Departamento de Inteligencia 144, del Ejército Argentino. En la misma sección, Aníbal Alberto Guevara era teniente primero.
