El Gobierno avanza en su plan para fijar precios de productos de consumo masivo por cuatro meses para desacelerar la inercia inflacionaria. Según pudo saber este medio, ya sellaron acuerdos por unos 1.200 productos claves en la canasta básica. Apuntan a llegar a los 1.500 para su lanzamiento a comienzos de diciembre. Los dólares para la importación son la clave en el toma y daca con las empresas. Buscan que los productos que estén por fuera de la canasta se muevan a un ritmo del 4% mensual y preocupa el impacto de la sequía en los derivados del trigo.
La inflación es el problema que más preocupa al ministro de Economía, Sergio Massa, por estas horas. Está claro que con este nivel de avance de precios no hay forma de que los asalariados recuperen poder adquisitivo. Según un análisis de la consultora Sarandí basado en datos del INDEC, los salarios informales están 15,6% por debajo de diciembre del 2019, los del sector público un 5,3% y los privados registrados solo recuperaron un 0,6% de la caída de 20% que representó el período 2016-2019. La posibilidad de revertir estos indicadores, al menos levemente, muy probablemente marque parte de la suerte de la coalición gobernante en las próximas elecciones.
En el Palacio de Hacienda tienen claro que la inflación responde fundamentalmente al déficit que el Estado nacional no consigue financiar y a la escasez de reservas que genera tensión en el mercado cambiario. En consecuencia, se atacan esas causas. No obstante, en el actual contexto también identifican un elevado componente inercial. Esto determina que cualquier accidente nominal se transforma en un nuevo piso para el índice de precios.
Cómo anticipó Ámbito, para atacar este componente, el Gobierno plantea un amplio acuerdo que sirva para anclar los precios de la canasta básica y al mismo tiempo las expectativas. Ese plan avanza. Fuentes oficiales anticiparon que ya se acordó la adhesión al programa de unos 1.200 productos. Unos 500, serían los que ya participan de Precios Cuidados y para el lanzamiento en diciembre apuntan a alcanzar alrededor de 1.500.
En las negociaciones que el secretario de Comercio, Matías Tombolini, sostiene con las grandes firmas ya se habla de un sendero de precios para los productos que no ingresen al plan oficial. Buscan así evitar un efecto de rentabilidad cruzada que termine licuando los beneficios de la iniciativa. El tope que se busca instalar para los incrementos es del 4%, en línea con la meta del 60% de inflación que Massa planteó en el presupuesto 2023.
Las reuniones uno a uno con empresas se aceleraron en las últimas semanas. Son encuentros duros en dónde Massa y Tombolini apuntan cada detalle: cómo se movieron los precios, qué beneficio recibe cada firma y la cantidad de dólares oficiales a los que tuvieron acceso. Justamente este último punto es clave en el "toma y daca'. El Gobierno garantizará "canal verde" para importar a quienes formen parte del plan. A las empresas, en tiempos de escasez, les interesa.
