El senador provincial del Frente de Todos, Lucas Ilardo, presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza que propone sancionar a gobernadores que no cumplan con un mínimo de viviendas.
“Mi planteo concreto es que se transforme la construcción de viviendas en una política de Estado. Que no se discuta. Todos los gobernadores de Mendoza tienen que hacer un mínimo de 3.000 viviendas por año. Esto implicaría 12 mil viviendas durante toda su gestión”, explicó a medios locales.
Sobre el déficit habitacional de la provincia, indicó: “En diez años creció 42 por ciento, casi 50% el déficit habitacional. Si seguimos así, en 10 años, vamos a tener el doble de déficit habitacional”.
Consultado por las cifras actuales, el senador contó que el promedio de casas que está haciendo un gobernador, en los últimos diez años, es de entre 1.300 y 1.500 por año. Lo que busca Ilardo es duplicarlo, “si no hay viviendas, que haya sanción”.
En cuanto a las cifras, el legislador respondió que esta política implicaría invertir el 3 por ciento del presupuesto provincial. Ilardo dijo que puede parecer mucho pero cuando uno observa en qué no se invierte o qué no se ejecuta aparecen “lagunas”. “Les doy un ejemplo, habían 18.000 millones de pesos para obra pública, se ha ejecutado solamente el 40 por ciento. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha subejecutado su propio presupuesto. Si a eso le sumás un montón de gastos superfluos, me parece que es una decisión política”, aseveró.
En relación a la “legalidad” o no de pedir una sanción con pena de no ejercer cargos públicos, Ilardo mencionó dos antecedentes. La ley de ficha limpia, que implica que legislativamente está avalado crear una sanción de tipo electoral por ley; y un proyecto del senador Alejandro Abraham para proponer sanciones para quienes no cumplan promesas de campaña.
Por último, en cuanto a antecedentes en la Argentina, Ilardo respondió que lo más parecido está en San Luis. Solo que no han implementado ningún tipo sanción, sino que directamente establecieron una política de Estado para generar viviendas económicas para su población.
