El asunto es complejo. Pero de todos modos permite avizorar un nuevo conflicto entre el gobierno de Mendoza, y las ramas más radicalizadas del kirchnerismo en el gobierno nacional, a raíz de una polémica medida que tomó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el viernes, al ceder a dos comunidades mapuches de San Rafael y Malargüe la cantidad de 21.500 hectáreas de tierra en el sur provincial. A través de dos resoluciones (click aquí y aquí), les dieron la posesión de esas tierras, una figura que requiere de más acciones para traspasarles la "propiedad comunitaria" definitiva. En ambos casos, estas comunidades se ampararon en la ley nacional 26.160 que suspendió por tres años en noviembre de 2006 todo tipo de ejecuciones contra grupos de pueblos originarios que demostraran fehacientemente ocupar tierras que estén en litigio, prácticamente desde siempre. Esa ley fue prorrogada sucesivamente en 2009, 2011, 2013, 2017 y 2021.
En el gobierno de Mendoza, donde estuvieron estudiando las resoluciones del INAI durante el fin de semana, estaban preocupados. Aparentemente, el estado provincial tendría que sancionar una ley expropiando esas tierras, pagarles a los dueños reales, y luego cederlas a los mapuches cuyas comunidades aún no tienen siquiera personería jurídica y está en trámite. Pero en el estudio del caso aparecieron sorpresas. La primera, es que las dos comunidades beneficiadas por las resoluciones del INAI tienen juicios perdidos con los propietarios dominiales de parte de las tierras que ocupan.
Los casos
La comunidad Lof "El Sosneado" y una mujer llamada Nilda Edith Verón perdieron efectivamente un juicio contra la minera SOMINAR (Sociedad Minera Argentina), el año pasado. Ese fallo (click aquí) fue firmado por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil, de la segunda circunscripción judicial (San Rafael), por la ocupación de una estancia en el paraje Arroyo Blanco. Los ocupantes mapuches apelaron y ahora el caso está en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Los otros beneficiarios de una de las resoluciones del INAI son la Lof Suyai Levfv, y un señor llamado Elio López, que se presentó ante la justicia como mapuche integrante de la Lof luego de iniciado el conflicto por las tierras con el propietario Jorge Luis Luchessi, un arquitecto muy conocido de San Rafael que compró un paraje en Los Molles y en 2012 se encontró con una familia levantando cercos y una vivienda en el lugar. En este caso, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya falló en noviembre de 2021 a favor de los dueños reales y en contra de esta comunidad mapuche. No está claro si las resoluciones del INAI que dió la cesión de tierras a estas comunidades, contienen o no las tierras en litigio judicial, aunque en el gobierno provincial suponen que sí (la letra de las resoluciones habla de "ocupación actual") y estaban revisando cada mapa en detalle.
El caso de la Lof "El Sosneado", que se presenta como una reivindicación de pueblos originarios, en realidad sería un problema de alquileres. La minera SOMINAR compró esas tierras en 1942, a "Química Williams", su anterior propietario. Luego y por muchos años, alquiló fracciones de esas tierras a distintos productores locales, todos dedicados a los animales y al campo. Uno de los arrendatarios fue Quintin Verón, padre de Nilda Verón, la mujer que perdió la demanda el año pasado. Verón "padre" alquiló el inmueble de Arroyo Blanco por muchos años, desde 1980, en contratos que renovaba cada tres años y que empezó a firmar recién desde 1990. Pero el hombre murió y en 2007 una adenda al contrato pasó a su viuda y a sus hijas. Nilda Verón firmó el último contrato, pero desde 2011 se negó a pagar el canon, a desocupar el inmueble, y no dejó que los propietarios reales ingresen. SOMINAR empezó una batalla legal que finalmente ganó. También una demanda por usurpación. Pero lo interesante es que en el proceso la señora Verón se amparó en la ley 26.160 que protege la tierra ocupada por comunidades indígenas, desconoció la propiedad de SOMINAR, dijo que esas tierras habían sido ocupadas desde sus "ancestros" durante por lo menos 150 años, y que eran de propiedad comunitaria. También informó que el INAI la censó como miembro de la lof y autoridad comunitaria o "Werken". Pero al final del camino, la cámara consideró que la minera había probado la propiedad de la tierra, que la familia de Nilda Verón había alquilado para pasturas por años y pagaban un canon, y que además, esas tierras en litigio no estaban incluidas en un censo de tierra mapuche del INAI. La cereza del postre fue que la comunidad lof El Sosneado se había formado en 2011, y no era ancestral ni originaria del lugar. Ahora, con las nuevas resoluciones del INAI, habrá que ver qué ocurre.
El caso de la comunidad Lof Suyai Levfv y el juicio del arquitecto Jorge Luis Luchesi contra Elio López, ya con fallo de la Corte que se puede consultar en este link, tiene ribetes similares.
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