El juez Sebastián Sarmiento, diferentes autoridades de la Justicia, el Gobierno, el Servicio Penitenciario y una asociación participaron este lunes de una audiencia para tratar el beneficio que permite que los presos tengan celulares dentro de las cárceles de Mendoza. Algunos se manifestaron en contra y otros a favor de la propuesta, por el momento, el magistrado trabajará esta semana en resolver la situación.
El juez a cargo de la definición explicó cómo se determinará lo que se hará en Mendoza y cómo se van a manejar dentro de los penales. El magistrado comenzó dando un contexto sobre el debate: "La situación se ha dado desde el año 2020, cuando se autorizó de manera excepcional. A partir de allí, las sucesivas declaraciones de emergencia motivaron un nuevo análisis para determinar si continuaba o no este permiso que me tocó resolver en aquel momento. La última declaración de emergencia del ex presidente Alberto Fernández llegaba hasta el 31 de diciembre, es por eso que días antes de esa finalización un conjunto de defensores oficiales de la provincia de Mendoza presentaron un pedido de continuidad de prórroga del uso de telefonía celular".
Respecto a la audiencia realizada este lunes 8 de enero, comentó: "Este pedido fue acompañado también por la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial y el señor Procurador de las personas privadas de libertad. Los otros organismos fueron los que han participado el día de ayer en la audiencia que se fijó para los efectos de que compartieran sus fundamentos, y además le dimos intervención al Ministerio Público Fiscal y al Servicio Penitenciario. La idea era poder escuchar a todos los actores para conocer los argumentos y poder resolver de una manera más apropiada una situación que es bastante compleja porque tiene un impacto muy significativo en el ámbito carcelario, pero también en el ámbito social. Luego de esta audiencia me toca analizar todos los argumentos y durante esta semana se procederá a resolver".
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, se refirió al uso de celulares en las cárceles de la provincia, en el marco del próximo vencimiento de la prórroga -este 31 de diciembre- de la reglamentación implementada en la pandemia de coronavirus para el uso de dispositivos electrónicos por parte de los reclusos.
Lo que sucede es que la reglamentación decretada durante la pandemia de covid-19 respecto a la emergencia sanitaria en establecimientos penitenciarios sigue vigente hasta este 31 diciembre de 2023 y, por ello, las personas privadas de su libertad tienen facilidades para el acceso y uso de teléfonos celulares. Las restricciones sanitarias disminuyen la cantidad de visitas permitidas por parte de familiares -en prepandemia eran cada 7 días y ahora cada 15- y esa es la razón por la cual se otorgó mayor soltura para disponer de teléfonos.
