El juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, resolvió no dar lugar al pedido de prórroga presentado por la Defensoría General de la provincia y miembros de la Defensa Pública, y desde este miércoles queda prohibido el uso de celulares en el sistema penitenciario de Mendoza.
El pedido era extender el uso de dispositivos móviles hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha hasta la que se extendía el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el expresidente Alberto Fernández en el que se permitía que cada preso contara con un aparato para poder comunicarse con el exterior en plena emergencia sanitaria por la pandemia de covid 19.
La resolución del magistrado, además, detalla cómo será el proceso de extracción de los aparatos de todo el sistema carcelario mendocino y las excepciones que están contempladas.
"RECHAZAR la solicitud planteada por los Defensores y Defensoras Oficiales de la provincia de Mendoza, Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, y DISPONER LA FINALIZACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN para la utilización de telefonía móvil de las personas privadas de libertad en los contextos carcelarios de la provincia de Mendoza", dice la resolución en el primer punto.
Y agrega: "HACER LUGAR PARCIALMENTE a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil, en los centros de detención que se encuentren alojadas Mujeres, hasta tanto se adecuen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente".
