El Gobierno de Mendoza presentó este jueves un paquete de 26 leyes en el marco del Plan Provincial de Salud 2024-2030. Uno de los puntos de la "ley ómnibus" reversionada por el gobernador Alfredo Cornejo indica que se establezca un "cobro de prestaciones a quienes manejen alcoholizados" y sean atendidos en el sector público sanitario ante un siniestro vial. También aplica para aquellas personas que "no cumplan calendario de vacunación".
El texto explica que "el objetivo es que quienes manejen alcoholizados o no cumplan con su calendario obligatorio de vacunación y no tengan obra social deban pagar su atención médica en el sistema público. Es decir, si producto de un accidente de tránsito en el cual el conductor estaba alcoholizado, o en el caso de enfermarse producto de no haber estado vacunado, el Estado realiza prestaciones y la persona deberá abonar los costos correspondientes. No pueden los contribuyentes hacerse cargo de los problemas de salud de alguien que deliberadamente cometió un delito que incrementó el riesgo en su salud".
El ministro de Salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero, explicó respecto de la iniciativa: "La ley habilita al sector público a cobrar a los infractores, por más que tengan cobertura. El espíritu detrás de la ley es que no creemos que sea racional que los contribuyentes -los mendocinos- financien a alguien que deliberadamente está cometiendo un delito. Por ejemplo, manejar alcoholizado. Aquellas personas que no tengan cobertura y que tengan un accidente de tránsito producto de consumir alcohol, lógicamente el Estado la va a brindar los servicios, pero -en el momento del alta- el Estado está facultado para iniciar un proceso de recupero de los costos de las prestaciones llevadas a cabo".
En lo que refiere al ítem de vacunación, el ministro puntualizó que "lo mismo pasa con las vacunas. Hay una ley nacional de vacunación obligatoria para cumplir el calendario oficial. El Estado provee esas vacunas y las acercamos a las escuelas o centros de Salud de todo el territorio provincial y gratuitamente. Y hay gente que decide no vacunarse. No solamente se hace un daño personal, sino que está afectando la Salud pública. Si esa persona padece una enfermedad producto de no haber hecho el proceso de vacunación, el Estado está facultado a cobrar las prestaciones".
Montero insistió en que, ante una eventual situación de un accidentado con un grado de alcoholemia no permitido, la prioridad es "atenderlo para reestablecer su salud y, una vez que esté en condiciones para darle el alta, la idea es, en primera instancia, emitir una prefactura con los costos que se incurrieron".
Dicha factura mencionada, sería presentada por el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (REFORSAL), el cual fue propuesto en el punto once del paquete legislativo. El mismo consiste -sostiene el escrito- en "la unificación de la gestión y el cobro de las prestaciones realizadas a pacientes con cobertura social. Para ello se constituye una entidad autárquica y descentralizada con una estructura chica, que centraliza la facturación, gestiona las cobranzas, y devuelve a los efectores lo recaudado. Utiliza la digitalización, establece un nomenclador provincial con valores que permiten recuperar los costos de las prestaciones y se autosustenta. Permitirá mejorar sustancialmente los recursos del sistema público.
