Si el área “Malargüe Distrito Minero Occidental” fuera un departamento sería el de segundo mayor tamaño de Mendoza, pues le asignaron una superficie de 20 mil kilómetros cuadrados. Claro que es relativo, pues las propiedades mineras no representan la propiedad de la tierra. Pero la comparación sirve para mensurar la relevancia que el Gobierno busca darle al lanzamiento de la minería como actividad productiva en una provincia que estaba cancelada.
En Malargüe se concentra la atención porque hay voluntad política y, sobre todo, están los recursos. El trasfondo también tiene matices políticos y sociales, pues decidieron dejar en segundo plano a Las Heras y San Carlos, dos departamentos que tienen yacimientos mineros de alto potencial, pero que arrastran conflictos sociales y empresarios que los trabaron.
En el “Distrito Minero” hay más de 240 áreas relevadas, pero es un dato que subestima el potencial real por el bajo desarrollo en la exploración. Cobre, oro y uranio, son algunos de los minerales que hay. La atención está puesta en el cobre, el mineral considerado clave en la transición energética, pues creen que hacia el 2035 la demanda de ese producto crecerá enormemente. La mayoría de los proyectos están abandonados y hay unas 100 minas sin “dueño”. El núcleo de atención está en 82 áreas con altas probabilidades de mineralización metalífera, que ocupan una superficie de 264 km2.
La información disponible es promisoria, pues la geología indica que hay áreas “con un alto interés exploratorio, capaces de contener depósito de “clase mundial”, que exceden en dimensión al departamento de Malargüe”, según indica el informe del Servicio Geológico Minero Argentino. Muchas de las formaciones son compartidas con Chile. Cerro Amarillo, Las Choicas, Papagayos, Universidad, Metalitos y varios más, incluidas las minas Don Sixto. El mapa de interés minero comienza a complicarse cuando se superpone, por ejemplo, con el mapa del Inventario Nacional de Glaciares; con el de las cuencas hídricas y también con la superposición de posesión de las tierras. La competencia y convivencia entre actividades y la administración de los recursos naturales será el principal desafío. Por eso, la intención “es ir de a poco”.
El plan del Gobierno es primero ordenar administrativamente el panorama minero y generar nuevas condiciones políticas. Por eso el primer proyecto enviado a la Legislatura es un nuevo Código de Procedimiento Minero. Hoy en Mendoza hay un enorme desorden y también incumplimientos cruzados entre el Estado y los propietarios. Hay más litigios que producción, más empleo para abogados que para geólogos. En lo político, Cornejo también ejecuta cambios. Empoderó el área de promoción, subordinando las de control. Por eso la Dirección de Protección Ambiental fue absorbida por el Ministerio de Energía y Minería, junto con Ambiente. El control interno cruzado comienza a unificarse.
